Las calles de Managua se ven atiborradas de policías antimotines. Los hombres y mujeres vestidos de negro, con cascos, escudos y armados hasta los dientes están en cada avenida, cada monumento, cada esquina. El 9 de enero de 2019 acordonaron el centro cultural Hispamer, donde se entregó el Premio a la Excelencia de Periodismo Pedro Joaquín Chamorro.
Un país donde los reporteros no pueden recoger un premio otorgado por el trabajo que realizan porque la policía tiene órdenes de intimidarlos es un país que ha llegado a extremos incomprensibles de violencia contra el periodismo y la libertad de expresión.
Sacar la cámara y grabar es riesgoso en Nicaragua: un periodista fue asesinado mientras transmitía por Facebook Live las protestas contra el Gobierno; dos están presos en El Chipote, antiguo centro de torturas de la dictadura somocista, y 68 están exiliados.
Entrevistar a los nicaragüenses es peligroso porque el periodismo se ha criminalizado y es un delito, tanto como ondear la bandera azul y blanca o cantar el himno nacional. Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora, director de 100 % Noticias, cuenta que él fue acusado de incitar al odio y por eso está en la cárcel. “Somos un canal de 24 horas de información, me imagino que por las constantes noticias que no eran de su agrado... Los periodistas no incitamos al odio, cubrimos noticias”, dice.
Intimidación, asesinatos y exilio
Al centro cultural Hispamer llegó Wilfredo Miranda, uno de los galardonados. Un chico de 27 años que sabe que se jugó su tranquilidad y se ganó el boleto al exilio cuando retrató las ejecuciones extrajudiciales cometidas en abril de 2018 contra estudiantes y ciudadanos. Miranda logró recolectar 19 tomografías de las víctimas; 15 correspondían a pacientes heridos con armas de fuego en la cabeza. Ocho de ellos fallecieron –según los médicos consultados por el reportero–, sus identidades fueron confirmadas como parte de la investigación del medio Confidencial y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
“Nosotros hemos sido golpeados, nos han perseguido, hemos recibido amenazas de muerte de los paramilitares. Me tuve que mudar tres veces durante ocho meses. A raíz de las investigaciones que hice, me dijeron que mi cráneo iba a quedar igual que esos que mostré en las fotografías”, relató Wilfredo en Managua.
Una semana después de darnos esa entrevista, él tuvo que salir por la frontera con Costa Rica hacia San José. Allí se reencontró con la mitad del equipo de Confidencial, también exiliado. Hoy está en Miami tras pasar unos días por México. “Desde donde esté sigo haciendo periodismo por mi país”, asegura.
 | 109 personas resultaron muertas en 8 departamentos de Nicaragua durante los primeros 42 días de protesta | 
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Al Hispamer de Managua también arribó Juan Carlos Gahona, hermano de Ángel Gahona, periodista asesinado el 21 de abril de 2018. “Un policía del régimen orteguista disparó contra mi hermano y acabó con su vida”, relata Juan Carlos con el temor sembrado en la voz.
Él regresó a su país para ver a su sobrino Angelito. Su mirada vigilante se perdía entre las estanterías de libros mientras concedía la entrevista. “No hay lugar seguro en este país”, advirtió. A 15 metros, el dueño del centro cultural lo confirmaba, haciéndonos indicaciones de que ojalá el evento de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro terminara rápido. En el café del primer piso de su negocio cayó muerta una trabajadora como consecuencia de una bala perdida, en junio de 2018.
Entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, 109 nicaragüenses resultaron muertos, 1.400 heridos y 690 más fueron a parar a las cárceles, durante la represión del régimen de Ortega, según el informe sobre los hechos de violencia, elaborado por el GIEI (Grupo inerdisciplinario de expertos independientes). “Una violencia virulenta y acelerada, más que la de otros momentos históricos de este país”, explica el politólogo José Antonio Peraza, director del Movimiento por Nicaragua, quien también estuvo retenido.
Las informaciones de la prensa nicaragüense dan cuenta de 535 muertos en 8 meses. El detonante de la crisis fue la reforma del sistema de seguridad social del país, que aumentó la contribución de las empresas y de los empleados, afectando directamente el bolsillo de pensionados y patronos. Esto se sumó a las denuncias de los medios sobre corrupción en el Gobierno.